Organizar un Major es, en la mayoría de los casos, un gran motivo de alegría. Regocijo porque el municipio es portada durante unas cuantas semanas en muchos medios de comunicación pero, sobre todo, porque el impacto económico que genera un evento así puede ser la diferencia entre cuadrar o no los presupuestos del año. Y si no que se lo digan al condado de Pierce (Washington), lugar donde está ubicado el campo de Chambers Bay que fue sede el pasado mes de junio del US Open.
Sí, quizá esta región fuera lo único que salió beneficiado de celebrar el campeonato en este exigente campo tras las numerosas críticas registradas por aficionados y golfistas. Pero eso es lo de menos en el terreno que nos ocupa. Y es que las autoridades certificaron que el beneficio neto que produjo sobre la zona la llegada del segundo Grande de la temporada fue de 1,1 millones de dólares ¡en tan sólo una semana!
Y eso sin hablar de los beneficios brutos sobre el propio condado de Pierce y todas las comunidades circundantes, que según un estudio elaborado por la Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) se disparó hasta los 134 millones de dólares. Unas cifras mareantes que podrían invitar a creer que cualquiera que organizara este evento correría con la misma suerte.
Ni mucho menos. Según una noticia publicada hace escasas horas por Golfweek, el próximo US Open –que se celebrará en el Oakmont Country Club de Pennsylvania- no generará el mismo impacto económico que ha tenido este acontecimiento en los últimos tiempos debido a que muchos aficionados se resisten a asistir in situ al evento por la forma en la que la USGA coloca a los espectadores –a lo largo del río Allegheny, con lo que tienen lejos el lugar de acción-. “Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que este Major no tendrá una gran acogida en el estado. Pasará lo de siempre”, reconoce Summer Tissue, director de la cámara de comercio de Oakmont.
Y es que pese a ser la novena ocasión en la que se celebra aquí el US Open –la primera desde 2007-, la USGA sigue teniendo el mismo problema que hace una década encima de la mesa. Un inconveniente que afecta negativamente a todas las partes implicadas.