Parte del colectivo de golf en Andalucía se ha puesto en pie de guerra a causa de un texto muy controvertido conocido por el nombre de “Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008 de 12 de febrero regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía”.
Según parece, este decreto desarrollado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y su consejero Rafael Rodríguez (IU) pretende acabar con el silencio administrativo positivo al aplicar esta nueva ley con carácter retroactivo.
De ser así una veintena de campos podrían no llegar a ejecutarse según declaraciones de Antonio Sanz, presidente del Partido Popular de Cádiz que ha pedido a Rodríguez que «abandone su cruzada contra el golf».
El dirigente popular acusó al Gobierno andaluz de poner en peligro alrededor de 15.000 empleos con la paralización de 20 proyectos de campos de golf de interés turístico en Andalucía aprobados por el PSOE en la anterior legislatura. «Los prejuicios ideológicos de IU impiden poner en marcha políticas para generar empleo estable en el sector turístico», dijo Sanz en declaraciones que recoge europasur.es.
Además, los campos denominados “de interés turístico” tenían asociados una serie de condicionantes urbanísticos y territoriales que los hacían bastante restrictivos, elementos que con el nuevo decreto pasarían a ser de difícil cumplimiento.
Rafael Rodríguez, cuando era diputado en la Cámara Autonómica en 1993, abogó desde su escaño por la elaboración de nuevas leyes para regular la actividad del golf en Andalucía. “La proliferación desordenada de estas instalaciones supone un duro impacto para el medio ambiente, e igualmente hay que regular el riego de éstos, ya que no se puede permitir que se haga con agua potable”, comentaba Rodríguez y en una noticia que publicó ABC en enero de 1993 (Leer más: El turismo de golf andaluz, en manos de IU).
Leer aquí el Decreto 309/2010 por el que se modifica el Decreto 43/2008