Hace justo un año los caddies montaron en pie de guerra ante el PGA Tour. El 3 de febrero de 2015 un total de 80 profesionales –a los que después se agregaron 88 más– presentaron una demanda conjunta contra el circuito de golf norteamericano por lo que consideraban una norma injusta: la obligatoriedad de llevar un peto en el que aparecen los principales patrocinadores del evento sin que a ellos le repercutiera ni un solo dólar de beneficio. Pues bien, doce meses después un tribunal de California ha echado por tierra sus premisas.
Vince Chhabria, el juez de distrito encargado de impartir justicia en el procedimiento, ha dictaminado que la política llevada a cabo por el organismo estadounidense no viola ninguna norma o disposición con rango legal, aunque deja caer que la queja planteada por ser tratados como “participantes de segunda clase” sí que podría incurrir en algún tipo de delito –no hay que olvidar que los caddies se vieron obligados a refugiarse de una tormenta eléctrica en un cobertizo de metal durante la disputa del Honda Classic de 2015 al prohibírsele a éstos la entrada en Casa Club-.
“La queja general sobre el maltrato recibido por el PGA Tour podría no ajustarse a derecho, pero no ocurre lo mismo con la demanda federal sobre los petos”, aparece escrito en el fallo emitido el 9 de febrero. “Durante décadas se ha obligado a los caddies a portar esta indumentaria, no es nada nuevo. Estos profesionales saben cuando entran en este oficio que llevar esos petos durante los torneos forma parte de su trabajo. Por esta razón, no es admisible la demanda”, sentenció.
La noticia, aunque ha supuesto una “decepción”, como ha asegurado a Golf Channel el abogado de la acusación Gene Egdorf, ha abierto a su vez un atisbo de esperanza de cara a mejorar las condiciones de trabajo de los caddies. Y es que el juez ha afirmado que clasificar a algunos de los integrantes del juego como “participantes de segunda” podría suponer una violación contra un principio como la igualdad. Es por esto que Egdorf no se rinde, y recomienda “encarecidamente” a sus defendidos que recurran, porque ve “grandes posibilidades de cara a la apelación”.
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