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Un grupo de socios del Club de Golf La Moraleja, agrupados en la asociación ProClub, presentó una denuncia por la presunta comisión de diversos delitos societarios contra los últimos cuatro presidentes de dicha entidad, Enrique Quintanar Romero, Fernando Lillo Cebrián, Gumersindo Santamaría Gil y el actual presidente Ricardo Pradas Montilla, en los Juzgados de Alcobendas el pasado 22-7-2010.
Dicha denuncia fue admitida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas por auto de 16-9-2010 por considerar que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal”, incoándose diligencias previas. A dicha denuncia se han adherido como denunciantes hasta la fecha casi un centenar de socios más del Club de Golf La Moraleja.
Los socios denunciantes ampliaron la denuncia inicial presentando querella criminal contra los indicados mandatarios del Club de Golf La Moraleja el 27-12-2010 ante el mismo Juzgado de Alcobendas. La querella ha sido recientemente admitida a trámite contra los cuatro citados presidentes por auto del indicado Juzgado de 24-3-2011 por poder “ser los hechos denunciados constitutivos de delitos societarios”.
La denuncia y la querella se presentaron a raíz de un informe de auditoría de gestión de la prestigiosa auditora Ernst & Young de diciembre de 2009 en el que se ponen de manifiesto anomalías en el periodo 2004-2009 en el que se han llevado a cabo gastos por más de 93 millones de euros. Las anomalías presuntamente constitutivas de delitos societarios, que habrían causado un perjuicio a la sociedad, se refieren, entre otros, a la realización de inversiones económicamente irrazonables a precios muy superiores a los de mercado, a la autorización y aprobación de las inversiones y a la contratación del gasto y pagos por personal sin facultades, a las desviaciones presupuestarias, al conflicto de interés por contratación con socios o con compañías vinculadas a órganos directivos, a contrataciones de forma recurrente con las mismas empresas y a la falta de justificación documental de inversiones financieras millonarias en SICAVS.
Los gastos más llamativos se refieren a la compra de 136 Hectáreas de terreno de la finca Soto de Mozanaque en Algete para la construcción de dos campos de golf a precios desorbitados: 130Has. a 31.000.000 de euros, más de 24 Euros/m2, cuatro veces su valor, llegando incluso a pagarse por 6Has. 5.100.000 de euros lo que significa más de 85 Euros/m2, es decir catorce veces el precio de unos terrenos colindantes para el mismo destino que ha sido de 6 Euros/m2.
Estos precios resultan desorbitados para unos terrenos en los que no se pueden edificar viviendas ya que están calificados como Suelo no urbanizable de especial protección por el PGOU de Algete, cuyo artículo 19.14.1 tan sólo autoriza instalaciones deportivas al aire libre, limitación que minora su precio y su demanda. El propietario de los terrenos vendidos era don Juan Miguel Osorio Beltrán de Lis, Duque de Alburquerque.
Otros gastos millonarios realizados presuntamente con desviaciones presupuestarias, autorizaciones de pagos por personal no facultado, con contrataciones recurrentes con compañías vinculados a socios y miembros de los órganos directivos, etc. se han realizado en la remodelación del vestuario de señoras por más de 700.000 euros, el vestuario de caballeros por más de 1.500.000 euros, el salón de juegos por más de 500.000 euros, la cafetería del club por más de 1.200.000 euros, el chalet infantil por más de 1.000.000 euros, el cuarto de palos de golf por más de 1.300.000 euros, etc.
